La crisis económica ha causado grandes estragos en el tejido empresarial de este país, lo que provocó un incremento del 700% de las empresas declaradas en concurso de acreedores en 2013, perdiéndose cientos de miles de negocios y con ello y millones de puestos de trabajo, puesto que más del 94% de las empresas declaradas en concurso, terminan en liquidación, es decir, “echando el cierre”. Y ello a pesar de que el objetivo de la Ley Concursal y del proceso concursal en sí, “en teoría”, es el completamente opuesto, es decir, que lo que se persigue con ello es la continuidad de la actividad empresarial.

Por suerte, esta situación está empezando a mermar en el 2015, y el número de empresas declaradas en concurso ha disminuido este año. No obstante, las pymes y empresas familiares, que es lo que conforma el mapa empresarial de la Provincia de Alicante, son las que más siguen sufriendo dificultades económicas actualmente.

En estos casos, es decir, cuando empresas que estén atravesando grandes dificultades para sobrevivir, y no reciban ayuda financiera de las entidades bancarias porque sus balances son demasiado arriesgados para que les concedan créditos, el estado puede ayudarles a soportar las deudas laborales mediante la concesión de un préstamo en muy buenas condiciones para el pago de dichos créditos. Estos préstamos son concedidos por el Fogasa a las empresas para que éstas puedan abonar los salarios e indemnizaciones que adeuden. Dichos préstamos pueden ser devueltos en un plazo de hasta ocho años, a un interés muy razonable, el interés legal del dinero, que actualmente se encuentra en un 3,5%.

Los requisitos que deben concurrir en las empresas que pueden solicitar éstos préstamos son:

1) El destino del capital del préstamo ha de ser necesariamente el pago de los créditos laborales.

2) Sólo las empresas con grandes dificultades económicas para asumir estos créditos pueden solicitar esta línea de financiación, por lo que únicamente podrán beneficiarse las empresas con deudas laborales ejecutadas en vía judicial, o las declaradas en concurso o “pre-concurso” de acreedores.

3) La empresa ha de encontrarse activa, es decir, con puestos de trabajo vigentes.

4) Se ha de prestar alguna garantía al Fogasa para la devolución del préstamo (aval bancario, fianza personal, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, seguro de caución…etc.)

Quizás podrán pensar que los requisitos necesarios son muy exigentes, pero lo cierto es que, ¿quién iba a ofrecer financiación a una empresa declarada en concurso o cuyo balance revele una situación de insolvencia técnica? Para esos casos el estado ofrece una oportunidad y facilita crédito para aquellas empresas que quieren sobrevivir, y aportar valor y puestos de trabajo al mercado, cuando las entidades financieras y el resto de operadores del mercado les están dando la espalda.

Leticia Escudero Olcina
Abogado. Socia del Despacho Abógate.
Oficina de Alicante.